El proyecto intenta así ordenar el galimatías jurídico y de propiedad  que medios y gobiernos democráticos configuraron en los 25 años de los 28 que tiene la ley en vigencia. El propio Gobierno apuntala el nuevo proyecto con una campaña publicidad que reconoce el fracaso de dejar el espacio mediático a la política y al mercado.  Por estos días, la Presidencia de la Nación suscribe  avisos que reconocen  las limitaciones que la democracia tuvo para configurar un sistema de medios equitativo, al decir que hoy:

-tenemos una Ley de Radiodifusión obsoleta;
-la comunicación es manejada por unos pocos;
-ver TV por cable es un lujo;
-ver el clásico de fútbol es para pocos.

Renglón seguido los avisos prometen que la ley,  ahora, va a ser para todos. Se nos pide un enorme acto de fe para creer que quienes no pudieron construir un sistema de televisión que no obligue a pagar cable para sintonizar los canales abiertos, ahora van a lograrlo. Que quienes hace 25 años no pueden garantizar que los medios públicos estén al servicio del ciudadano, y no del gobierno de ocasión (cosa que no estaba obligado hasta hoy por ninguna ley), ahora van a hacerlo. Que los mismos a los que les cuesta hacer cumplir el horario de protección al menor o los límites de publicidad por hora que marca la ley actual, van a poder hacerlo con la nueva. Que con la ley particular van a poder aplicar el control antimonopolio que no pudieron con la ley general.

Y dicen que ahora van a lograr todo esto sumando en el organismo de control al parlamento, es decir, a esos mismos legisladores que en veinticinco años no pudieron impulsar una ley democrática. Ahora que el Comité Federal se pasará a llamar Autoridad Federal, pero va a seguir dependiendo de la misma Secretaría de Medios que reparte la pauta oficial a los mismos medios que va a tener que controlar, ahora sí ese organismo va a vigilar independientemente. Sin demasiadas explicaciones de cómo lo podrían hacer, se nos pide que confiemos que, a partir del nuevo proyecto, van a poder hacer lo que no pudieron hacer antes.

Es difícil creer cuando el propio poder político reconoce que no pudo ponerse por sobre los medios todos estos años. O cuando declara en conferencia de prensa que sucumbe ante la agenda noticiosa, de la que parecería depender el poder y no a la inversa. Entonces, si los políticos les tienen tanto miedo a los medios como para controlarlos (lo que suele agravarse en épocas de campaña electoral), es poco probable que manteniendo la actual composición de fuerzas se pueda hacer cumplir el mejor proyecto de ley. Entonces,  ¿por qué no aprovechar el momento para crear un organismo verdaderamente independiente?

Así como la nueva ley le da participación a la sociedad civil en la propiedad de los medios, ¿por qué no la incluye en la autoridad de control? ¿Por qué no aprovechar la independencia y eficacia de las actuales Defensorías para hacer depender de ellas el nuevo Defensor público, en lugar de hacerlo parte del nuevo COMFER?  Si verdaderamente se quiere incluir a la ciudadanía en estos temas, ella debería ser parte activa, no solo como potencial propietaria de radios. Porque son las audiencias la última razón de ser de cualquier medio,  sin la cual ninguno tendría razón de existir. Los gobiernos pasaron, los medios cambiaron de dueños, pero los ciudadanos seguimos estando acá, padeciendo el injusto sistema de medios en el que nos metieron. Y ahora, además, pagando los avisos en los que nos lo recuerdan.

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