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Así las cosas, es difícil hablar de la "nueva ley", por lo que vamos a hacer como todos: repasar reclamos históricos y discusiones nunca zanjadas, y las expectativas que muchos tienen en el nuevo marco legal: -La actual Ley de Radiodifusión es efectivamente el decreto-ley 22.285 de 1980, redactado con la lógica de los medios como responsables de la seguridad nacional y de la moral de occidente. Sin embargo, no hay que olvidar que tiene encima veinticinco años de decretos que la democracia infligió a la norma maldita, que fueron respondiendo a distintas necesidades de los dueños de los medios. Todavía peor, el caso Radio Continental nos vuelve a recordar que nadie está muy seguro de qué se derogó y qué sigue vigente. -La ley determina quién puede acceder a la explotación de las frecuencias de radio y televisión y en qué condiciones. La realidad es que hoy los canales de comunicación se multiplican más allá del espectro radioeléctrico (vía cable, celdas telefónicas, internet, etc.), con lo que a esta altura hablar de "Radiodifusión", deja fuera las innovaciones tecnológicas en cuestiones de comunicación. -Desde hace unos años un grupo de organizaciones de la sociedad civil, la Coalición por una Radiodifusión Democrática, viene trabajando en lo que se conoce como los 21 puntos que debería tener la ley. Su propuesta se basa en el derecho, amparado constitucionalmente, que toda persona tiene de investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas a través de los medios de comunicación. Para que pudiera ejercerse plenamente, sostiene esta propuesta, el sistema de medios debería brindar las garantías de pluralidad de voces, evitando todo tipo de concentración que beneficia a unos pocos propietarios de medios y pone a otros en inferioridad de condiciones. -El actual sistema de medios es "no público": está compuesto en su mayoría por medios privados y comerciales, y los que deberían ser públicos, son claramente del gobierno (o de acceso pago, como el caso de Encuentro). El desafío es un sistema que garantice medios de servicio público de calidad y de acceso universal para la ciudadanía. Hoy buena parte del país tiene que pagar cable para poder recibir un mínimo de canales de TV, y le se complica sintonizar radio, por las interferencias y la oferta caótica de señales. Ordenar esto ya es un gran tema, sin siquiera entrar en la discusión de la calidad de contenidos, que no sabemos si va a ser parte de la nueva ley. Por ahora y pese al gran protagonismo que tiene este año, la ley sigue siendo una mezcla de buenos deseos de los defensores de la libertad de información, y un juego de pinzas y presiones entre el Gobierno y los grupos mediáticos. Por un rato vamos a seguir pagando carísimo la TV, recibiendo pésimamente las radios, aceptando más publicidad de la que corresponde, no accediendo libremente a los eventos deportivos, soportando la programación en los horarios, formatos y repeticiones que se le canta al que sea, y otras condenas por el estilo. Si el cumplimiento de la ley es algo raro en la Argentina de hoy, parece que el terreno de los medios es el reino de lo imposible.
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Por: Adriana Amado Suárez. Cada vez que gobierno y prensa tensan su delicada relación, aparece de fondo la tan mentada "Ley de Radiodifusión". Desde hace años, muchos dicen que es imperioso derogarla pero en 25 años nadie lo ha conseguido. Ahora dicen que esta vez sí, que se va a dictar una nueva ley que acabe con esta "herencia del proceso" y organice democráticamente el escenario de los medios. Sin embargo, a pesar de que se habla mucho del tema, sus contenidos siguen siendo el secreto mejor guardado del gobierno. Y aunque hubo numerosas reuniones con los grupos interesados, a cinco meses del anuncio no se encuentra a nadie que pueda decir, con precisión, de qué se trata.
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