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TV Y OJO

Por Adriana Amado - @Lady__AA Se largó la temporada de encuestas y vuelve a quedar patente la indiferencia a las cuestiones técnicas de las investigaciones. Esa falencia del periodismo lo convierte en carne de cañón de operaciones políticas que buscan validar candidatos con porcentajes que no por improbables son menos repetidos. Pero no solo en las encuestas presidenciales se ven los errores. Cualquier cosa parece que puede convertirse en “informe técnico” en la Argentina por la simple operación de presentar las conclusiones deseadas en forma de porcentajes.

 

Dos cosas no admite una investigación social que se precie de tal, especialmente cuando se apoya en pocos casos: sacar porcentajes y sacar conclusiones. El periodismo, en cambio, puede convertir las dos imprudencias en título de tapa. Por caso, el observatorio de discriminación en la televisión, conformado por tres organismos públicos, se animó a caracterizar la violencia en la televisión argentina con 240 reclamos recibidos recibidos el primer semestre del año pasado. Y como si la programación del año pasado fuera la misma que la de 2015 un diario sentencia, en portada catástrofe, “Que mal se TV”. Al parecer, ese registro de poco más de un llamado por día “demuestra la voluntad de participación de la ciudadanía, su capacidad de empoderamiento en pos de defender sus derechos comunicacionales y el reconocimiento de este Observatorio como espacio para vehiculizar reclamos”. Eso sí, o el resto del país estaba viendo mejor televisión o faltaría federalizar un poco el empoderamiento porque del total de reclamos “el 93,7% proviene de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires mientras que sólo el 6,3% fue formulado desde otras provincias de nuestro país”.

Pero como la modestia no está reñida con el entusiasmo, esos 224,88 reclamos en el distrito metropolitano y 15 llamados y un décimo en el resto del país permite presentar conclusiones exultantes como que “abundan los reclamos por tratar a las mujeres como objetos sexuales tanto en los programas como en las publicidades (23,9%)”. Este porcentaje, aparentemente, se calcularía no sobre el total de reclamos sino sobre el 37,1% categorizado como “Violencia contra las mujeres”, que traducidos en reclamos serían algo así como 89,04 llamadas, de los que 21,28 correspondería a quejas de “cosificación”, seguidas en orden decreciente por “estereotipos”, “acoso/abuso sexual” y “femicidio”. Y aunque se aclara que las categorías no deberían considerarse taxativas, todas se grafican con porcentajes precisos hasta los decimales.

Para los autores del informe que dio origen a la nota, “un dato que merece la pena ser destacado, es la considerable cantidad de reclamos que advirtieron sobre la naturalización y hasta justificación con la que en algunos programas se exhibe el acoso y/o el abuso de índole sexual (18,9%)”. Haciendo cuentas, 16,82 quejas serían la “copiosa cantidad de mensajes relacionados a la temática de acoso callejero llegados tras las declaraciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la cobertura que distintos/as periodistas y conductores/as hicieron sobre la práctica de piropear aun [sic] groseramente a las mujeres”. Incluso valoran el 2,2% que señalaron incorrecciones en el tratamiento de los feminicidios, porque 1,96 reclamos suman a la hora de concluir que hay “una mayor concientización acerca del poder de los medios de comunicación en la sociedad”.

No es que no quisiéramos suscribir tan loables conclusiones, sino que las desmerecen apoyándolas en tan débiles evidencias. La investigación de violencia en los medios de comunicación es una rama con bastante desarrollo científico y recientes publicaciones en revistas académicas. Aunque se insiste que en estos años se abrió un debate inédito sobre los medios, Argentina sigue sin aportar datos empíricos incontrastables sobre el tema. O al menos estudios que cumplan el mínimo protocolo de verificar, primero, que existan contenidos violentos y audiencias expuestos a ellos; después encontrar evidencias de violencia social; y finalmente demostrar que esas dos variables tengan una relación causal y que no se deban a otros factores. Que aumenten las llamadas a los observatorios y las denuncias de violencia doméstica no dice nada de la relación de los dos fenómenos si los golpeadores no estuvieron viendo los programas que tanta preocupación le genera al organismo de control.

De entre varios estudios recientes sobre el tema, uno publicado en el Journal of Communication muestra un camino metodológico para estos temas. El estudio analizó la violencia en el cine desde 1910 hasta 2005 y comparó las curvas con tasas de homicidio, niveles de ingreso, densidad de población, edad de la población e ingresos brutos en esos 95 años. Con todos esos datos, los autores sostienen que no encontraron evidencia de que la violencia los medios tuviera el mismo comportamiento que la curva de violencia social. La correlación entre el consumo de video juegos violentos y los comportamientos juveniles entre 1996 y 2011 llega a una observación aún más incómoda para los que quieren acusar a los medios de los males sociales: a medida que aumenta el consumo de videojuegos violentos, disminuye la tasa de violencia juvenil. Sin embargo, el investigador señala que el periodo investigado para los videojuegos (quince años) es muy corto para sacar una conclusión tajante.

Los funcionarios locales que se apuran a concluir sobre la violencia en los medios con un puñado de llamadas a un número gratuito se pierden un dato que podría apoyar más sólidamente sus conclusiones. La modesta cantidad de llamados recibida por el organismo sobre los contenidos es menos elocuente de la actitud social frente a los programas que el observatorio señala como violentos. Si quieren destacar el nivel de concienciación de la ciudadanía acerca de la violencia de los contenidos televisivos, es más contundente el dato de que la audiencia ya había castigado en su momento con indiferencia aquello que el organismo viene a señalar como inconveniente muchos meses después. Paradójicamente, al publicarlo en su web, el organismo termina dándole a esos programas una importancia que casi nadie le dio cuando fueron emitidos.

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