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(Columna publicada en Diario La Nación) El Presidente no tiene un pequeño problema de comunicación. Tiene un problema mucho más grave, complejo, profundo y abarcativo. Tiene un problema político. Y uno de los grandes. Uno de esos que aparecen cada tanto y amenazan con destruir su base electoral.

Mauricio Macri parece no terminar de entender cómo se mueven ciertos sectores de la Justicia, el ultrakirchnerismo, parte de la oposición, los medios y los periodistas. Es decir, el conjunto del sistema que influye sobre la mirada de buena parte de la sociedad. De otra manera, habría sido imposible que se metiera con semejante insensibilidad política con el feriado del 24 de marzo, que se enterara por los diarios del pensamiento "negacionista" de Juan José Gómez Centurión o se despertara una mañana en medio del escándalo del Correo, teniendo que explicar detalles administrativos formales que casi nadie comprende para neutralizar la sospecha de que quiso favorecer a su papá.

¿Qué debería haber hecho el jefe del Estado para evitar el denominado Correogate? Debería haber confeccionado, antes de asumir, una lista de asuntos sensibles que podrían desatar potenciales conflictos políticos y administrativos durante su mandato. Debería haber incluido en la lista, por supuesto, los temas que podrían dar lugar a sospechas de corrupción o representar conflictos de intereses. Desde los contratos con el Estado pasibles de ser interpretados como favores presidenciales para los amigos y los parientes hasta el uso de vehículos oficiales para trasladarse dentro del país y hacia el exterior. Desde la diferencia entre el anuncio de una medida oficial y un acto proselitista hasta la recepción de regalos en nombre del Estado. Y desde luego, el "problema" heredado de su padre.

Al principio, con la promesa de la formación de un fideicomiso ciego, dio la impresión de que Macri le había prestado debida atención al asunto de ser y parecer. Es decir, la decisión de entregar la administración de su fortuna a una organización sobre la que él no podrá influir. Pero la señal se detuvo con ese gesto. Y después ni Macri ni sus asesores siguieron pensando cómo podían hacer para evitar las repercusiones negativas de hechos como sus periódicas visitas a su amigo Joe Lewis en la Patagonia o el regreso de su esposa, Juliana Awada, y su hija Antonia en helicóptero oficial de Punta del Este a Buenos Aires. Y ni que hablar del espinoso asunto del Correo.

La verdad es que Macri hizo mal en no poner sobre la mesa en cuanto asumió el conflicto de intereses con la empresa de su padre, para que fuera considerado por los organismos públicos correspondientes. Hubiera sido una inteligente y honesta jugada política. Anticipatoria de cualquier operación judicial o de prensa. ¿Por qué no lo hizo? Lo explicó Jorge Fernández Díaz ante Juan Miceli, en LN+. Porque el Presidente siempre vivió este asunto con culpa. La culpa que le habrá endilgado el padre mientras el litigio permanecía abierto.

Cristina Fernández, Julio De Vido y los incondicionales de la ex presidenta siempre intuyeron esa debilidad de sangre. Ya habían olido el mismo perfume cuando impulsaron la denuncia de las escuchas y lograron el procesamiento del entonces jefe de gobierno de la ciudad, aunque al final el juez Sebastián Casanello le dictó la falta de mérito. ¿Por qué se iban a perder la oportunidad de presentar el preacuerdo como una condonación de deuda multimillonaria? Ahora el ministro Oscar Aguad puede repetir que el Gobierno no hizo otra cosa que cumplir con la ley. Que indexar el pago o cargar intereses hubiese sido lo mismo que provocar la quiebra y entonces no cobrar nada. Que la licuación de la deuda la generaron Néstor, Cristina y De Vido al prolongar la indefinición. Que la fiscal parece jugar el juego de la procuradora al no haber asistido a las audiencias previas. Que hablar de 4 mil millones o 70 mil millones de pesos es un delirio. Y decenas de argumentos más.

Pero lo que deberían entender Macri y quienes lo rodean es que mañana irán por su primo Ángelo Calcaterra, su amigo Nicolás Caputo o cualquier vínculo que huela a favoritismo, aunque sus empresas funcionen dentro de la ley y sus contratos con el Estado sean inmaculados. Para eso, tendrán que mostrarlos antes o someterlos a consideración de organismos independientes insospechables. Y además deberán transmitir a los amigos y parientes que seguir haciendo negocios con organismos públicos les puede costar la reputación y eventualmente la cárcel. E incluso el propio Macri debería asimilar, como una regla de juego, que siempre habrá algún fiscal, un juez, un camarista y muchos políticos dispuestos a comérselo crudo para sacarlo de la cancha y ganar las próximas elecciones.

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