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(Columna publicada en Diario La Nación) Por encima de las cuestiones personales, la polémica generada durante la noche de entrega de los Premios Martín Fierro sirve para abordar dos asuntos de fondo. El primero: si el Estado debería hacerse cargo de los medios y, por ende, de los trabajadores de prensa de las empresas en conflicto o a punto de cerrar. Y el otro: el rico debate sobre colegas a quienes se ubica en una zona denominada, en forma irónica, "Corea del Centro", tema al que aludí en una nota publicada en este espacio en mayo pasado.

Según Fopea, durante los últimos dos años estuvieron o están en peligro o directamente se perdieron 2000 puestos de trabajo. Las crisis de empresas como Radio Rivadavia, Radio del Plata, la agencia Diarios y Noticias (DyN) y los medios del Grupo Indalo obedecen a diferentes circunstancias. Desde los profundos cambios tecnológicos hasta la inescrupulosidad de aventureros que se disfrazaron de dueños de medios para extorsionar o protegerse como hacen los mafiosos. Cristóbal López y Sergio Szpolski, sin ser los únicos, son dos los más representativos. Una vez más, hay que ir a los hechos: el primero adquirió los medios con dinero obtenido de una megamillonaria defraudación impositiva y a través de una presión que incluyó amenazas y atentados contra Daniel Hadad y su familia. El segundo fue quizás el mayor receptor de pauta oficial de medios casi sin audiencia o directamente "inventados" para embolsar dinero público.


Un periodista que no llegó a tiempo para recibir la estatuilla entregada por Aptra le encargó a su compañera de trabajo que leyera no un simple agradecimiento sino un editorial. Un texto en el que le reclamó al gobierno nacional que se hiciera cargo de los medios en conflicto. Sin embargo, no hizo la más mínima mención sobre el origen del desastre ni nombró a los verdaderos responsables. Ese, quizá, es uno de los tics más repetidos de quienes se golpean el pecho diciendo que pertenecen a Corea del Centro: dejar de hacer hincapié en la herencia kirchnerista y sus actuales consecuencias para pasar rápidamente a endilgarle la responsabilidad a la administración que encabeza Mauricio Macri. O para decirlo de otra manera: ignorar los hechos, con el falso argumento de que hay que empezar a hacer "periodismo independiente".

Por supuesto, cada uno es libre de escribir y decir lo que se le antoje y de defender sus opiniones con los más variados argumentos. Sin embargo, he empezado a notar, en el último tiempo, en algunos periodistas una necesidad de posicionarse en determinado lugar para hacerse más visibles. Y de hacerlo con cierto aire de superioridad moral, que, por supuesto, no parece estar justificado ni en la trayectoria ni en la honestidad intelectual, sino en el marketing. Tienen un par de caballitos de batalla aparentemente efectivos. Por ejemplo, nos colocan a quienes fuimos perseguidos con todo el peso del aparato del Estado como profesionales con cierto afán de venganza. Sin embargo, no mencionan que muchos de ellos callaron cuando esta persecución se ejecutó. Y no sólo eso: algunos se ocuparon de señalarnos con el dedo. ¿Decir esto significa que hay que ignorar ex profeso todos los casos que involucran a funcionarios de la actual administración? Por supuesto que no. De hecho, los ministros Luis Caputo y Juan José Aranguren tienen todavía mucho que explicar después de las filtraciones denominadas Paradise Papers. Lo escribo sin repetir y sin soplar porque este es otro de los caballitos de batalla de quienes se suben al púlpito de la falsa grieta: dan por descontado que los medios y los periodistas que investigamos y denunciamos la corrupción K no lo haremos con la corrupción M cuando esta se haga evidente o se pueda probar.

Se trata, obviamente, de un prejuicio que conspira contra las buenas prácticas de la prensa. Para afirmar que alguien seguramente no hará o hará determinada cosa, hay que revisar, por lo menos, sus antecedentes. Muchos de quienes trabajamos en el periodismo de investigación venimos denunciado a funcionarios, empresarios y sindicalistas de todos los gobiernos y de todos los colores políticos, incluido Franco Macri, el padre del Presidente, y jamás, más allá de los errores, borramos con el codo lo que escribimos con la mano.

Pero hay en la Argentina decenas de trabajadores de prensa con menos oportunidades y tantos o más años de actividad que muchos de nosotros. Y ahora mismo están pensando si tomar la opción de acogerse al retiro voluntario que les proponen las empresas o atraviesan la incertidumbre de quedarse sin trabajo, ante la probable caída o desaparición de los medios de los que forman parte. ¿El Estado debe salir en su auxilio? ¿Debe el Gobierno entregar algún tipo de subsidio para evitar que cientos de trabajadores queden en la calle? ¿Son las empresas de medios, que por cierto prestan un servicio público, similares, por ejemplo, a Cresta Roja, la avícola que se benefició con un salvataje del Estado? Mi opinión es que el Estado no debe poner ni un peso más que el que le correspondería al medio según los niveles de audiencia, influencia o relevancia del servicio que presta.

¿Y qué política debería implementar, ante la eventual quiebra, por ejemplo, del Grupo Indalo? Para este caso en particular el sistema judicial cuenta con diversos recursos administrativos. Recursos que incluyen la intervención, la designación de un síndico, la valuación de activos y el análisis de viabilidad de la compañía, hasta el concurso para adjudicar el medio a los empresarios que estén interesados y sean idóneos.

El tan meneado asunto de la idoneidad no me parece un tema menor. Porque constituye, otra vez, la gran pregunta que hay que hacerse para hablar de medios en un contexto de cambio permanente y regulaciones que no se cumplen. ¿Cómo es posible que nadie se pregunte cómo surgieron en la Argentina tantos empresarios de medios truchos, sin los antecedentes mínimos, que no hubieran resistido ni una auditoría de entre casa? ¿Cómo es posible que ex funcionarios como Gustavo López, Gabriel Mariotto y Martín Sabbatella hablen con tanta liviandad e irresponsabilidad del desastre administrativo y normativo que dejaron con la implementación de la ley de medios, y con el único objetivo de dañar al Grupo Clarín?

Los seguidores de Corea del Centro están haciendo hincapié sobre el peligro de un sistema de medios desequilibrado y con tendencia a apoyar al oficialismo de manera incondicional. Es más: muchos lo comparan con el sistema de medios K, que, por cierto, antes no denunciaban. ¿Estarán en lo cierto? No aparecieron todavía estudios ni estadísticas que lo corroboren, pero muchas de las investigaciones que aparecen en diarios como LA NACION o Perfil, o informaciones y denuncias de las que se hacen eco programas de televisión, incluido el que conduzco desde hace años, parecen desmentirlo.

De cualquier manera, tarde o temprano, aun en el reino de la posverdad, son los hechos reales los que se terminan imponiendo. Los casos de Santiago Maldonado y el fiscal Alberto Nisman son dos buenos ejemplos para analizar. Y también la falsa acusación de que los hijos de la fallecida Ernestina Herrera de Noble habían sido robados a una pareja de desaparecidos. ¿No deberían haber pedido disculpas los periodistas que sostuvieron durante años esa tenebrosa hipótesis? ¿O prefieren pasar rápidamente a la idea de que Macri gobierna para los ricos y así compensar una cosa con la otra?

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