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(Columna publicada en Diario El Cronista Comercial) El Presidente Mauricio Macri está muy preocupado. Cree que el hecho de que organizaciones que se dicen mapuches hayan pasado de las piedras y los palos a las balas de verdad es síntoma de una escalada de violencia armada que se podría acrecentar. El propio juez federal que investiga la causa, Gustavo Villanueva, escuchó, a través de intervenciones telefónicas legales, que miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu hablaban en términos militares, y que estaban dispuestos a resistir a los tiros cualquier acción de las fuerzas de seguridad.

Al jefe de Estado tampoco le gustó lo que le dijo su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre el hombre que resultó seriamente herido mientras armaba una bomba en Rincón de Milberg. Parece que tenía elementos y panfletos reivindicatorios de la lucha del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). Macri pidió a sus ministros prudencia, y al mismo tiempo espera que el propio magistrado Villanueva determine cuál es la verdadera responsabilidad de los Albatros en los hechos de Villa Mascardi. Los agentes que participaron del operativo juran que recién empezaron a disparar con ametralladores MP5 cuando se dieron cuenta que desde adentro de la casilla precaria varias personas tiraban con armas de calibre 38 y 45.

Pero el Presidente también teme que otra vez algunas organizaciones de derechos humanos le armen un caso parecido al de Santiago Maldonado. Le escucharon decir este fin de semana: "No hay que condenar o quitar responsabilidad a nadie de antemano, pero si lo que cuentan los que participaron del operativo es cierto debe regir, para ellos, el beneficio de la duda. Y si se comprueba que le dispararon con armas de fuego, repeler semejante ataque está dentro de la ley". El Presidente piensa que en el fondo, algunas organizaciones que se autoproclaman mapuches están poniendo en cuestión el derecho de propiedad y el orden público. Quizá, el problema creen dentro del propio gobierno es que nadie lo explica del todo bien. Los Albatros estaban al frente de un operativo para encontrar a prófugos que la semana pasada habían ocupado el parque nacional de Bariloche. Es la ocupación de tierras del Estado lo que determina la intervención de la justicia federal.

También le escucharon decir a Macri: "Si la ley dice que el Estado tiene el monopolio de la fuerza, un juez federal ordena buscar a prófugos y ellos y sus cómplices atacan a los agentes de seguridad, eso no es dictadura ni represión indiscriminada. Es una conducta legítima. Para eso están. Para eso el Estado les paga".

El Presidente tampoco dejó de atender la búsqueda del ARA San Juan. No lo dirá nunca de manera pública, pero desde que se reunió en la sede militar con los altos mandos de la Armada, cayó en la cuenta de que el submarino había explotado o implosionado. El mismo, el ministro Oscar Aguad y un equipo de funcionarios, psiquiatras y psicólogos, se mantienen muy cerca de los familiares. Macri le ordenó a Aguad que se enfoque en la búsqueda y postergue los pedidos de retiro y la reestructuración de las tres fuerzas que el Gobierno tenía pensado anunciar antes de fin de año. Un miembro de la mesa chica le sugirió profundizar la investigación sobre la reparación y el mantenimiento del submarino durante el mandato de Cristina Fernández. El Presidente le respondió que se pondría a trabajar en eso, pero que no lo usaría como excusa ahora por lo que le pudo haber sucedido. Es verdad que tanto en el caso del ARA San Juan como en el enfrentamiento que determinó la muerte de Rafael Nahuel el Gobierno parece ir detrás de los acontecimientos, pero Macri aparece más preocupado por no empeorar el panorama que por doblar la apuesta. El está convencido de que la administración nacional no puede moverse igual que el humor cíclico de las redes sociales. Y que debe estar por encima de las versiones de todos los sectores y las especulaciones políticas.

Por otra parte, antes de fin de año tiene un desafío crucial y no quiere que lo distraiga la discusión mediática. Es la aprobación de las reformas impositiva y laboral. Aquí también teme ser otra vez presa del fuego cruzado entre quienes consideran, con razón, que en el medio de la reforma impositiva le quitaron parte del aumento semestral de los jubilados, y los talibanes de la derecha que pretenden una baja del déficit más rápida y más profunda.

Dicen cerca del jefe de Estado: "En un país con el 30% de pobreza y con niveles de corrupción y de deterioro de la infraestructura alarmantes, no se puede hacer todo junto, e ir a fondo con cada solución. Es demasiado descalabro junto como para solucionarlo en un par de años".

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