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(Columna publicada en Diario El Cronista Comercial) Hay un dato que circula en los pasillos de Comodoro Py y puede provocar un fuerte impacto en todo el sistema judicial y también el sistema político. Es la presunta e inminente liberación del hombre de negocios K, zar del juego y evasor fraudulento, Cristóbal López. Decidirían la excarcelación, esta misma semana que empieza, los camaristas de la Sala uno, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia. Ballestero es el magistrado que fue insultado en el club House del barrio cerrado donde vive. Bruglia, junto con el propio Ballestero, rechazaron no hace mucho el pedido de excarcelación de los abogados del ex ministro de Planificación, Julio de Vido, en la causa de los negociados alrededor de la compra de gas licuado.

El procesamiento y posterior detención, tanto de López como de su socio minoritario, Fabián De Sousa, fueron medidas dispuestas por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini. Pollicita y Ercolini probaron que Cristóbal y Oil Combustibles evadieron impuestos de manera fraudulenta. Decidieron el encarcelamiento de ambos cuando comprobaron que, a pesar de las advertencias del tribunal, López y D e Sousa anunciaron que ya habían vendido todas las acciones del grupo Indalo al administrador de fondos de inversión Ignacio Rosner.

Fuentes cercanas al magistrado interpretaron esa comunicación como una tomadura de pelo. "Se metieron presos ellos solos. Es como si hubieran viajado al exterior a pesar de la prohibición expresa del juzgado, y a su regreso a Buenos Aires hubiesen dicho: Sr Juez, ya me escapé del país sin su permiso, y ahora estoy acá, de vuelta, riéndome de cómo burlé su prohibición", me dijeron fuentes cercanas al despacho.

Parece que Pollicita también está enojado. Dicen quienes lo conocen que el fiscal supone que si los camaristas Ballestero y Bruglia finalmente liberan a López y De Sousa, van a terminar arrojando por la borda no solo un profundo trabajo de investigación, que terminó en la acusación, procesamiento y detención de los socios del grupo Indalo antes de las fiestas del año pasado. También, interpretarían cerca de Pollicita, que la libertad de los empresarios, agregaría todavía más descrédito al sistema judicial argentino. Es decir: una ráfaga de decepción parecida a la que produjo, en una buena parte de la sociedad, la liberación del ex vicepresidente Amado Boudou, y su compañero de aventuras, el diletante José María Nuñez Carmona. De confirmarse el sentido de la inminente decisión de Ballestero y Bruglia ¿estaríamos en presencia de los que se podría caracterizar como el próximo regreso de los muertos vivos?, ¿deberíamos esperar la rápida libertad de procesados como De Vido, el ex alter ego de Cristina, Carlos Zannini, o el dirigente social y negacionista Luis Delía? Es más ¿Podría ser, entonces, 2018, el gran año de la libertad de todos los presos políticos incluidos Milagro Sala, Lázaro Báez, Carlos Santiago Kirchner, José López y una decena de funcionarios de segunda línea como Roberto Baratta, y de hombres de negocios inescrupulosos que acompañaron al rey de la obra pública y presunto testaferro de la familia Kirchner?

Si hay alguien que es completamente consciente de la pésima imagen que tiene la opinión pública sobre la justicia en general y los jueces en particular es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Nadie retrató mejor su preocupación, su intención de cambiar las cosas y su habilidad política que la periodista Silvana Boschi, en su libro Los secretos de la Corte, de reciente aparición. Lorenzetti trabaja, junto a un grupo de jueces federales de la ciudad y del resto del país, para establecer cambios estructurales y normativos. Se mueve, por ejemplo, para evitar que los juicios por corrupción no se extiendan un promedio de 15 años, y con los principales procesados en libertad, como en el caso del senador Carlos Menem, en el expediente de tráfico y contrabando de armas.

Lorenzetti también intenta modificar las leyes para que dejen de prevalecer los fallos de jueces impregnados por la doctrina Zaffaroni. Es decir: los que tienen una mirada abolicionista sobre crímenes que van desde la violación hasta los homicidios en serie. Si al final, Cristóbal y De Sousa logran la libertad, esta semana o quizá la otra, su nueva situación procesal terminará resultando también una mala noticia para el Gobierno. Es que la salida de Alberto Abad de la AFIP y el reemplazo por Leandro Cuccioli, siguen estando lleno de suspicacias. Parece que no fue suficiente que Cuccioli, quien conoce a Rosner porque ambos eran directores de un fondo de inversión agropecuario, haya mandado a decir que se excusará de intervenir en el Caso Oil Combustibles. Ahora cambió la estrategia y explicó, ante un periodista de La Nación, que su postura ante la causa es idéntica a la que sostenía Abad. Es decir: que se opondrá a cualquier operación de venta del grupo si antes sus dueños no empiezan a pagar, con plata fresca, los $ 14 mil millones de impuestos que deben. Para que se entienda: con dinero contante y sonante y no promesas de pago de más creativas y fantasiosas.

Es tan contradictoria la dinámica de las decisiones judiciales, que por cuerda separada avanza el pedido de Pollicita de embargar todos los bienes de Cristóbal, incluidos los personales. El valor superaría los $ 3500 millone. Son casi 80 bienes inmuebles, 4 embarcaciones, 5 aviones y una flota de más de 1.200 vehículos. Entiende el fiscal es que trata de dinero mal habido, y que debe volver a los contribuyentes, antes que se deterioren, o alguien los esconda o intente hacerlos desaparecer.

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