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(Columna publicada en Diario El Cronista Comercial) El vicepresidente de Independiente Pablo Moyano, y el ex gobernador Daniel Scioli están a punto de recibir los beneficios del sistema de impunidad que les permite a los fiscales y jueces de garantías de la provincia de Buenos Aires proteger a los presuntos delincuentes, por más evidencia que haya para condenarlos y detenerlos.

El hijo de Hugo Moyano, todavía en Singapur con motivo de un encuentro sindical, acaba de recibir un pedido de detención del fiscal Sebastián Escalera. Es en el marco de la causa de asociación ilícita en la que ya están presos el barra brava Roberto Pablo "Bebote" Alvarez como jefe de la organización criminal, el ex vicepresidente de Independiente Noray Nakis como organizador y los barras Roberto El Polaco Petrov y Daniel Lagaronne como miembros. Escalera aportó nuevas pruebas para justificar su pedido.

Las evidencias colocan al propio Pablo Moyano como el nuevo jefe de la asociación ilícita que impulsaba negocios sucios con la reventa de entrada, la compra y venta de jugadores y otras transacciones que todavía no aparecieron en la causa. El pedido de detención no se debía haber filtrado. Sin embargo uno de los primeros en enterarse fue Daniel Llermanos, defensor de los Moyano, quien inmediatamente recogió el guante y descontó que un hombre tan "serio" como el juez de garantías de Avellaneda, Luis Silvio Carzoglio, ignoraría la solicitud del fiscal.

Fuentes muy cercanas a la causa sospechan que fue el propio Carzoglio el que informó a Llermanos, con la presunta intención de que se haga público antes de consumar la decisión. Ahora, desde el punto de vista procesal, Llermanos corre con demasiada ventaja. Primero: tiene tiempo hasta el martes, a última hora, para pedir la eximición de prisión y que sea otorgada. Y segundo, puede hacer que Pablo Moyano se presente el próximo miércoles o el próximo jueves, cuando se baje del avión, y luego argumentar que el riesgo de fuga ha desaparecido, y conseguir así su liberación casi inmediata.

Los antecedentes de Carzoglio avalan la presunción de Llermanos. Ex director del Cementerio de Avellaneda, designado juez por el ex intendente de la misma ciudad, Baldomero Alvarez de Oliveira, Carzoglio debe responder ante distintos estamentos de la justicia bonaerense por su desempeño en dos asuntos muy controvertidos. Uno: haber firmado actas apócrifas en donde los imputados aparecían presentes cuando no habían estado ahí. Y dos: haber liberado a detenidos que estaban a disposición no suya sino de otro magistrado.

Aunque él prefiere que se lo recuerde por su declamada lucha contra el narcotráfico, a esta hora nadie cree que Carzoglio haga lugar al reclamo del fiscal. Así, los Moyano seguirían corriendo, presionando y asustando a fiscales y jueces de todo el país, con asombrosos resultados.

El caso Scioli

El caso de Scioli es más estrambótico todavía. El 31 de mayo de 2016 la diputada Elisa Carrió presentó una megadenuncia dando cuenta de la existencia de cajas negras. Su intención era acusar a Scioli como el jefe de una asociación ilícita, tal como lo hizo con Néstor Kirchner en 2008. A la investigación la tomó el fiscal Alvaro Garganta con el acompañamiento de la jueza de garantías Marcela Garmendia.

En julio de 2016 Garganta pidió la posibilidad de desglosarla en seis partes, pero con una única matriz para investigar: la presunta asociación ilícita. A la jueza le pareció pertinente hasta que tuvo en sus manos la elevación a juicio oral, en la que aparecen 47 procesados, incluido el diputado nacional Daniel Scioli. Así, Garmendia comprobó que, más que desglosar la causa, lo que hizo Garganta fue atomizarla, con el fin de garantizar la impunidad del exgobernador.

Y también comprobó que mientras las imputaciones originales de Garganta llegaron a incluir los graves delitos de asociación ilícita, lavado de activos, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, a Scioli no lo procesó por ninguno de éstos, sino por otro que es el más benigno. En efecto, Garganta solo procesó al excandidato a presidente por "incumplimiento de los deberes de funcionario público", un delito que tiene una mínima de dos años de prisión y una máxima de seis y que, por lo tanto, resulta excarcelable. Es por el otorgamiento del negocio de construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA) a su amigo, el empresario Estanislao Miller. Miller es el mismo que le compró a Scioli un predio aledaño a La Ñata por el que pagó en su momento, 4 millones de pesos, casi la misma suma que blanqueó la sociedad anónima de la que es titular el ex gobernador.

Garganta tiene dos pedidos de juicio político en trámite. Uno por acusar sin las pruebas suficientes a Osvaldo Emir "Karateca" Martínez, sospechoso de haber asesinado a su novia Bárbara Santos y a otras tres mujeres. El otro todavía no se sustanció, pero se activaría en cuestión de horas. Es porque aparece en las escuchas de la causa por la que está detenido el juez César Melazo, acusado de proteger a bandas de criminales a cambio de dinero. En la escucha que lo involucra, se oye a un doble homicida, Javier Ronco, diciendo que le dio a Garganta 150 mil pesos para mejorar su situación procesal, pero que no obtuvo resultados.

Los que conocen el funcionamiento del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires sostienen que Comodoro Py es un lujo, si se lo compara con los tejes y manejes de ciertos fiscales y ciertos jueces que tramitan las causas más pesadas.

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