(Por el equipo de investigación de La Cornisa) La diputada nacional Margarita Stolbizer pedirá al ministro de Energía Juan José Aranguren una auditoría para determinar la responsabilidad de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en la posible concesión irregular de las áreas petroleras que le dieron las empresas de Lázaro Báez, Epsur y Misahar. El anticipo fue presentado por el equipo de investigación de La Cornisa.

En el escrito, Stolbizer pide que “se formalicen las denuncias penales que correspondan si esa auditoría determinara la existencia de posibles ilícitos penales”.

La diputada además solicitará formalmente que informe si organismos nacionales como la exsecretaría de Energía y ENARSA fueron cómplices en la maniobra.

Stolbizer considera que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner pretendieron hacer con la actividad petrolera lo mismo que con la obra pública: entregarlo a sus amigos, testaferros u hombres de confianza a través de mecanismos irregulares que terminaron generando un perjuicio para el Estado.

La diputada nacional sospecha que así como el ministerio de Planificación, la secretaría de Obras Públicas y Vialidad del gobierno anterior fueron cómplices de los negocios de la obra pública, el exsecretario de Energía Daniel Cameron y el extitular de Enarsa Exequiel Espinosa hicieron la vista gorda a pesar de las múltiples irregularidades e incumplimientos de Epsur y Misahar.

Stolbizer hará la presentación en las próximas horas, después de haber analizado los balances contables y administrativos de Epsur Misahar desde los años 2006 hasta 2013.

La diputada nacional y su asesora Silvina Martínez obtuvieron la información luego de procesar la información proveniente de 15 Cedés que se encontraron en un departamento propiedad de Báez ubicado en la calle Ugarte al 3500 y que fueron entregado al equipo de investigación de La Cornisa por fuentes que pidieron expresa reserva de identidad.

Stolbizer denunció irregularidades y direccionamiento en el llamado a licitación y falta de contralor de la secretaría de Energía y Enarsa.
Pero no solo eso.

También detectó que la consultora que usaron para tercerizar los servicios de las petroleras denominada Magma SA tiene su dirección real en un inmueble que Cristina Fernández incluyó en su declaración jurada como de su propiedad, lo que alentaría la sospecha del vínculo promiscuo entre Báez y la expresidenta. El predio de 234 metros cuadrados se encuentra en 25 de mayo 166, Río Gallegos. Fue adquirido por Néstor Kirchner el 1 de diciembre de 1980 y declarado por Cristina como producto de la herencia hasta 2013.

Stolbizer señaló, entre los funcionarios responsables de haber permitido que Báez se siguiera quedando con las valiosas áreas petroleras sin hacer exploraciones y no generar las regalías prometidas para Santa Cruz a Espinosa y Cameron.

Espinosa, titular de Enarsa, fue denunciado en 2007 por Elisa Carrió ante la Oficina Anticorrupción por recibir aportes patronales de Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal, siendo, al mismo tiempo, funcionario público.

En mayo del mismo año, la ANSES registró que Espinosa también recibió aportes patronales de YPF, cuando era controlada por Repsol. Por esa nueva incompatibilidad, que no incluyó en su declaración jurada, fue denunciado por la Oficina Anticorrupción ante el juez federal Claudio Bonadío.

En la base de datos de AFIP, Espinosa presentó como uno de sus domicilios fiscales alternativos el inmueble de la calle Mitre 855 de Comodoro Rivadavia. Allí mismo se ubica la una de las sedes de Epsur, la empresa petrolera de Lázaro Báez.

Los antecedentes del exsecretario de Energía, Daniel Cameron, no parecen mucho mejores.

En 2003, el juez federal Sergio Torres lo procesó por desvío de fondos al considerar que incumplió sus tareas de control sobre la entrega de 37 millones de pesos que cedió su secretaría al Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.

Cameron también fue imputado en la causa Skanska, y sobreseído en 2011. Ahora que el juez Sebasatián Casanello la reabrió, podría ser nuevamente procesado y llamado a indagatoria.

En su pedido de auditoría, Stolbizer escribió: “Creemos que el negocio petrolero no escapa a las mismas irregularidades que pesaban sobre la obra pública, en relación a las empresas de Lázaro Báez: falta de experiencia en el negocio, malos manejos financieros, incumplimiento de los planes de inversión, etc. Se trata de otra faceta que evidencia la ingeniería armada desde la Presidencia de la Nación y de diferentes organismos de la administración pública nacional y provincial, orientada a beneficiar a empresas de Lázaro Baez. Esta vez en el negocio petrolero.”

La diputada nacional detalló, finalmente, con la asesoría de la abogada Silvina Martínez, las inconsistencias e irregularidades de Epsur y Misahar.
Serían las siguientes:

1. Las empresas carecian de solvencia financiera y patrimonial. No contaban con el patrimonio minimo exigido ($ 2.000.000);
2. Falta documentación de los garantes (estados contables consolidados, estatutos y modificaciones, actas de directorio o asamblea donde se resuelve otorgar las garantias)
3. Carencia de inventario de Epsur y Misahar en relacion a bienes inmuebles, muebles, marcas de fábrica, como asi tambien de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, y comprobantesde pago respectivos.
4. No demostración de capacidad técnica para desarrollar proyectos de hidrocarburos. No surge ni un solo antecedentes sobre actividades que hayan realizado. No poseen capital de trabajo.
5. Alto nivel de endeudamiento de las empresas Epsur SA y Misahar Argentina SA;

Stolbizer insistió con la formalización de denuncias penales si se comprueban las irregularidades de las que ella sospecha.

18 de septiembre de 2016