El ex fiscal anticorrupción y ex diputado radical Manuel Garrido, que en la actualidad se desempeña como fiscal internacional para combatir la corrupción en Honduras, desde Tegucigalpa dialogó con el equipo de Majul910. En la charla, el especialista expuso su mirada sobre la situación del gobierno nacional ante el discutido acuerdo con el grupo Macri por el Correo. Entre otras cosas Garrido señaló que ante hechos de estas características, se confirma que la Oficina Anticorrupción debería ser autónoma y no dependiente del Poder Ejecutivo, como dispuso la actual gestión: "Desde hace 17 años que exigimos esa autonomía".
Los órganos anticorrupción bajo la lupa
"Por eso este escándalo del Correo pone sobre el tapete el diseño de los órganos anticorrupción de Argentina. De hecho, en el dictamen de la fiscal Botín (sobre el caso del Correo), menciona que debió darse intervención a la comisión de ética pública, que nunca se creó", señaló.
Cuando hay conflicto de intereses
A su vez Garrido se refirió a las acciones previas necesarias en hechos de estas características: "frente a casos que presentan conflictos de intereses, como éste en el que el conflicto de intereses es claro, debiera haberse dado intervención a los órganos de control. Pero acá pasó todo lo contrario; según Laura Alonso ni se enteraron lo que estaba pasando. Hubo una intención de pasar por alto los radares de esos órganos. Y termina todo en un escándalo de éstas características"
Sobre si el gobierno anterior tuvo alguna responsabilidad, por no haber ejecutado la deuda en cuestión, el entrevistado sostuvo que: "surge del dictamen de Botín, que pide que se investigue todo el proceso y el motivo por el que se dejó pasar tanto tiempo sin llegar a un acuerdo. Se debe investigar a todos" Pero remarcó que no es un buen punto de partida, "echarle la culpa al otro y no modificar nada"
¿Y la Ley de Etica Pública?
El ex legislador por último agregó que el caso Correo pone de manifiesto los déficits del estado argentino: "en la falta de eficacia de los controles, en la falta de autonomía de los órganos, en la deficiencia de la regulación de la ley de ética pública. En mucho tiempo a nadie le interesó demasiado esa norma y parece que tampoco a este gobierno. El conflicto de intereses es un tema urticante para esta gobierno"
15 de febrero de 2017
