Los diarios argumentan a sus lectores las injusticias que se cometerían con sus accionistas de sancionarse la ley. Los legisladores recuerdan en los micrófonos las arbitrariedades de los Kirchner en materia de medios. Desde sus impulsores, se concentró la comunicación en que se trataba de reemplazar una ley de la dictadura, como si antes de 2008 nadie se hubiera percatado de esa circunstancia. O como si fuera la única que queda de esa época. Tan torpes son las acusaciones que lo único que hicieron es reforzar en la ciudadanía la sospecha de que atrás de todo hay algo más.

La gesta que venía a instalar el nuevo proyecto por aceptar los aportes que se hicieron en diversos foros del país, se detiene al resistir las modificaciones que proponen los legisladores. Estos insisten en el valor de configurar una autoridad de aplicación distinta a la del actual interventor, porque el artículo 13 de la ley convalida un responsable de controlar los medios que depende de la misma Secretaría de Medios que los va a financiar (igual que hasta ahora). Es curioso que justo es el artículo que menos observaciones recibió de los foristas y que quedó igual que en la primera versión del proyecto. ¿Por qué no se podrá modificar? Todo es suspicacia.

Así planteada la discusión no hace más que salpicar de sospechas funcionarios, políticos y medios. Funcionarios que acusan a los medios de manipuladores de las audiencias, legisladores que denuncian que el gobierno los benefició con una generosa extensión de sus licencias. Medios que ahora publican notas sobre la corrupción de los funcionarios, esos mismos que los acusan de prensa interesada y distorsionadora, al tiempo que los siguen beneficiando con la cuota principal de publicidad oficial. Algunas organizaciones “de base” que han puesto a circular libelos de acusaciones no demostradas para ensuciar el nombre de los legisladores que no están de acuerdo con algunos puntos del proyecto, en un ejercicio de comunicación que esperamos abandonen cuando tengan acceso a una licencia. ¿Cómo va a andar bien el sistema de medios con estos protagonistas? Las corporaciones han sido nefastas pero los medios públicos no le anduvieron a la zaga en concentración y propagandismo. Será que tenemos el sistema de medios que tenemos porque la ley no era de la democracia, pero los actores parece que tampoco estuvieron a la altura que exigía un sistema republicano de comunicación.

Se discute una ley con más pasión que celo jurídico. Se acusan recíprocamente de legislar para los intereses (los propios, los del gobierno, los de las corporaciones, los de la oposición). Pero nadie ha presentado los beneficios concretos que la nueva ley traerá a la sociedad, más allá de las buenas intenciones. ¿Vamos a tener una programación más equilibrada y de mayor calidad? ¿Vamos de una vez por todas a recibir radio y TV abierta con buena definición? ¿O tendremos que seguir pagando carriers que ponen el precio que se les antoja? (hoy al cable concentrado, mañana a las telefónicas multinacionales). La discusión es sofística: o están con nosotros, o están con los malos; si no apoyás la ley de Fernández, es porque te gusta la ley de Videla. ¿Dónde nos ubicamos los que queremos la mejor ley? ¿Cuál es el miedo al debate en un congreso aún con mayoría oficialista? ¿Por qué la ley de comunicación le tiene tanto temor a la comunicación? ¿O no se trata de aprender a escuchar a todas las voces?

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