Por Luis Majul. Si la denuncia que Graciela Ocaña presentará hoy en Comodoro Py prospera, el presidente de la AFA, Julio Humberto Grondona, será investigado por la justicia penal por primera vez en su vida, y después de 35 años de hacer con el dinero del fútbol lo que se le dio la gana.

“Tuve más denuncias que Al Capone, pero ninguna condena (judicial)”, se jactó hace unos años el Dueño de la pelota. Se refería a denuncias mediáticas y no a presentaciones judiciales serias y fundamentadas, como la que preparó la Presidenta de la Comisión de Deportes de la Legislatura porteña.

Ocaña, igual que la legisladora Paula Oliveto, integrante de la comisión, y que el diputado nacional y ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, hace tiempo que están convencidos de que el presidente de la AFA debe ser investigado por el mal uso y abuso del dinero de Fútbol para Todos, junto con los jefes de gabinete que autorizaron los fondos, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.

Entre las inconsistencias que Ocaña pide que la justicia investigue, hay una que hace sonar las alarmas no solo de las autoridades de la AFA sino de muchos presidentes de clubes de fútbol: la supuesta sugerencia de Grondona a los dirigentes para que cambien los cheques por el pago de los derechos de televisación en cuevas financieras previamente señaladas y con un descuento superior al de los bancos de primera línea. La operatoria no sería distinta a la que se habría utilizado en la distribución de cheques para la Fundación Sueños Compartidos. Es decir: el “excesivo descuento”, a cambio del efectivo, serviría para pagar coimas y retornos, y en todos los casos se trataría de un delito grave, porque contemplaría dinero del Estado.

Desde que Fútbol para Todos empezó a funcionar, los clubes recibieron más de 6 mil millones de pesos, pero su déficit y su pasivo no dejó de multiplicarse. Aunque no hay cifras oficiales, porque son prolijamente ocultadas por la AFA y el gobierno, se calcula que el déficit en 2009 era de apenas 400 millones de pesos, y que ahora superaría los 1.600 millones de pesos. Además, las entidades acumularían un pasivo de 5.000 millones de pesos.

Ocaña y Garrido pidieron a la Comisión parlamentaria mixta Revisora de Cuentas que ordenara a la Auditoría General de la Nación (AGN) una investigación para determinar, entre otras cosas, qué hacía Grondona con el dinero de Fútbol para Todos. Lo hicieron en 2011, cuando Carlos Avila lo grabó con una cámara oculta, lo denunció por defraudación y reveló que el presidente de la AFA poseería varias cuentas en Suiza y los Estado Unidos. Después, los exhortos para determinar la existencias de las cuentas se frenaron en cancillería y la justicia sobreseyó a Grondona, pero Don Julio nunca desmintió la existencia de los extractos bancarios. Tras la solicitud de Ocaña y Garrido, la AGN empezó a auditar los fondos, pero a paso de tortuga y con un sigilo digno del mayor secreto de Estado. Debería haber culminado el informe en diciembre del año pasado, pero todavía no lo hizo. Solo pudimos averiguar, después de insistentes llamados, que los auditores están preocupados por dos presuntas irregularidades. Una: el haber contratado en forma directa a la productora La Corte para televisar los partidos, sin llamar a licitación. Y la otra: el haber imcumplido el objetivo que se propuso el proyecto Fútbol para Todos cuando fue creado. Es decir: sanear a los clubes, y recaudar dinero, incluso, para el deporte olímpico.

Ocaña, en su denuncia, va un poco más profundo, y con más precisión. Pide a la justicia que investigue al gobierno por no haber controlado el destino de los fondos, que sancione a los funcionarios que permitieron una ampliación del pago a pesar de que no estaba contemplado en el presupuesto, y que se meta en los balances de la AFA y de los clubes, para que los dirigentes expliquen, por ejemplo, porque no remodelaron los estadios para que el 75 por ciento de los asientos sean individuales, como se habían comprometido por ley. Así como el gobierno juega una buena parte de su futuro en el éxito deportivo del seleccionado argentino, Grondona pone en riesgo su futuro profesional y personal en el Mundial que comenzará dentro de un mes. Aunque nadie lo da por derrotado, muchos de sus pares aseguran que está en su peor momento. Si la investigación se profundiza, una parte del gobierno le va a soltar la mano y ni siquiera Carlos Zannini se va a animar a ponerle la firma al decreto para que se ponga en marcha el Prode bancado que activarían las apuestas on line, de la mano del zar del juego, Cristóbal López. Ahora mismo, el área de Seguridad que comanda Sergio Berni está intimando a Grondona para que le presente una lista, con nombre, apellido y DNI de todas las personas que hayan adquirido, bajo cualquier modalidad, localidades para ver los partidos del Mundial. La autoridad del ministerio explicó a la AFA que hay un acuerdo de reciprocidad con Brasil para evitar hechos de violencia y que la lista la necesita para cotejarla con la nómina que poseen los funcionarios. La información fue solicitada el 9 de mayo pasado. El 14 del mismo mes ingresó a la AFA. Y Don Julio se sigue haciendo el distraído. Como si estuviera por encima de las normas y de toda ley, inclusive la divina.