La decisión del Gobierno implicaría más democracia si el Poder Ejecutivo deja en libertad de conciencia, sin aprietes ni amenazas, a los legisladores de las provincias que viven del campo, y permite que los productores intenten convencer a los diputados y senadores sobre qué ley sería la mejor.

La decisión de Cristina descomprime en los inmediato el conflicto, porque lo desplaza, por un tiempo, de la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y la sede del Partido Justicialista; pero si se confirma que sólo se trata de una orden disfrazada de proyecto de ley, el conflicto volverá a explotar y el problema con el campo continuará, como ocurre desde hace cien días.

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