Por Luis Majul (Columna publicada en Diario El Cronista Comercial) El Presidente parece más pragmático que Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En economía, en política y en la comunicación también. Además está dispuesto a corregir todo lo que sea necesario. Incluso sus decisiones aparentemente inmodificables, como la determinación de bajar el gasto público de manera considerable.

Macri sabía de antemano que la salida del cepo con devaluación, los despidos masivos en los organismos del Estado, los aumentos de las tarifas de la luz y el gas iban a impactar en su imagen positiva. Jaime Durán Barba le había adelantado que la caída iba a ser como mínimo de unos 10 puntos y como máximo de unos 15. Pero, hasta le semana pasada, de acuerdo a quienes miden en el Gobierno, resultó bastante menor. Entre menos 5 y menos 7, depende de la zona donde se pregunte.

Cuando se lo terminaron de confirmar, el Presidente lo tomó como una muy buena noticia. Y ahora su ánimo sirve para contagiar a gran parte del gabinete, cuyos ministros sienten el ajetreo de los primeros cinco meses como si fueran varios años. Macri ya hizo apuestas informales con varios de ellos: alrededor de 2 puntos la inflación de julio y de ahí en más todo para abajo; una recaudación de más de u$s 10 mil millones durante la primera etapa del blanqueo y un incipiente crecimiento de la economía antes de fin de año que continuará, con mejores perspectivas, en 2017. Pero no se detuvo allí. También les explicó el volantazo de política económica de mitad de año. Se podría sintetizar así: basta de ajuste y de aumentos de tarifas; uso a tope de todas las partidas sociales; multiplicación de la comunicación para terminar con la idea de que Macri gobierna para los ricos. El paquete de leyes que terminó de mandar al Parlamento parece tener esa impronta. De todas ellas, la reparación a los jubilados con el pago de juicio y la recomposición de los haberes a casi 2 millones y medio de pasivos es la más audaz y la que genera más desconcierto en la oposición. Los economistas a quienes les gusta hacer cuentas sostienen que le terminará insumiendo, al Estado, casi $ 80 mil millones. Y los funcionarios encargados de devolver el dinero sostienen que terminarán de pagar los juicios durante los próximos dos años. El responsable de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Emilio Basavilbaso, está preocupado por la expectativa que está generando la iniciativa. Le preocupa que no se entienda que hasta que la ley no esté promulgada y reglamentada los jubilados y pensionados no podrán empezar a reclamar. Teme que se produzca un cuello de botella que termine malogrando quizá la mejor decisión de política económica del gobierno desde que asumió. “Vamos a tener que ordenar la demanda de trámites muy bien. Y explicar los plazos y condiciones todavía mejor”, me dijo. Ningún ministro lo va a decir en público, pero la mayoría de las veces los anuncios se hacen demasiado rápido, y se ejecutan a ritmo de vértigo, por el expreso pedido del propio Jefe de Estado. La semana pasada, Macri tuvo el siguiente diálogo con un periodista. “Presidente: los aumentos de tarifas no se podrían haber aplicado en forma más gradual?”. Macri respondió: “No. Porque las protestas se habrían estirado hasta el infinito”. “¿Y el Gobierno no cuenta con un sistema para discriminar entre un hotel de lujo y un club de barrio?”. “Me encantaría que lo tuviera, pero creo que no lo posee ningún gobierno del mundo. Son muchos cruces de datos que hay que hacer para diferenciar uno de otro. La manera de hacerlo, aunque parezca antipática, es contemplar caso por caso, cuando el usuario lo pide y su reclamo resulta justo”. “¿Pero no se hubiera evitado tantas idas y vueltas, como las protestas de los teatros, los clubes de barrio y los gobernadores e intendentes de la Patagonia?” “Si. Lo hubiéramos evitado. Pero ya no importa. Ahora vamos a contemplar caso por caso. Porque, como vos decís, no es lo mismo un hotel en Villa La Angostura, que con el aumento de tarifa no le impacta tanto en la ecuación y la rentabilidad, que una casa de familia en un barrio carenciado”.

Las respuestas de Macri tuvieron un claro sentido. Prefiere hacer mucho y rápido aunque se equivoque y tenga que corregir, que no hacer nada y que le explote “la bomba de tiempo que dejó el anterior gobierno”. Por eso parecen equivocarse los que sostienen que el ministro de Energía, Juan José Aranguren es un talibán de las tarifas y su puesto corre peligro. Es verdad que Aranguren siempre abogó por un tarifazo cuyo aumento más notable se aplique rápido y de una sola vez, pero más cierto todavía es que Macri lo avaló y que, incluso, hubiera aceptado un mayor incremento.
La oportuna aparición del ministro Rogelio Frigerio con la sugerencia de poner un tope de 400% a las tarifas de las ciudades patagónicas y aceptar un pago en cuotas fue una decisión de último momento, para evitar más ruido político. Y el Presidente la avaló cuando escuchó, de boca de Frigerio, que no le quedaba otra alternativa, sino quería pasar a la historia como el Presidente más antipático para los habitantes de la Patagonia argentina. Macri empezó a entender que, después del ‘sinceramiento’ tiene que direccionar la ‘máquina del Estado’ hacia las medidas sociales. Todos los ministros que tienen que ver con la economía le explicaron que podían hacerlo. También le hicieron entender que la meta de baja del gasto no llegará ni al 4 y medio ni al 3%, como lo había prometido ni bien asumió. Y además le dijeron que, una vez que la inflación empiece a ceder, no sería, tampoco, mala idea, incentivar el consumo, porque después de todo, de eso depende el humor social de los argentinos. “Tardaremos un poco más en corregir los desajustes estructurales de la economía, pero van a dejar de caracterizar a Mauricio como un presidente que gobierna paran los ricos”, me dijo uno de los ministros. Mientras tanto, el jefe de Estado no descuida la otra gran demanda social que aparece en las encuestas y que tiene a los más altos funcionarios del gobierno anterior en vilo, empezando por la ex presidenta Cristina Fernández. “Que vayan presos y que devuelvan la plata”, es el clamor.

El Presidente sigue con atención cada suceso de la causa denominada la ruta del dinero K y las idas y venidas de la avanzada para que Cristóbal López devuelva los $ 8 mil millones que dejó de pagarle a la AFIP y se ponga en regla con los casinos del Hipódromo y los barcos de Puerto Madero. Los próximos días serán decisivos para medir quién ganará la pulseada. Lotería Nacional le está exigiendo que retire los cajeros automáticos en cada una de las salas de juego y el Instituto del Juego de la Ciudad sigue reclamando la competencia para cobrar $ 4 mil millones de impuestos adeudados. El acuerdo de amigos que López y Néstor Kirchner pactaron hace más de una década y que implicó la vista gorda de la anterior gestión de Lotería y el cobro de un canon irrisorio está a punto de naufragar. La carta personal que López le envió al Presidente y cuyo contenido fue revelado ayer por La Cornisa TV no tuvo el efecto deseado por el zar del juego, el petróleo y los medios. Al contrario: fue tomada por Macri como algo parecido a una extorsión.

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