(Columna publicada en Diario El Cronista Comercial) Hugo Moyano no está preocupado por la suba del dólar, el regreso del FMI a la Argentina ni la pérdida del poder adquisitivo de los choferes de los camiones después de dos semanas turbulentas. Intuitivo como es, Moyano está nervioso porque comprendió que el dique de contención que lo mantenía impune se está empezando a romper, y que quizá no tarde mucho en ser juzgado, condenado, intervenido su sindicato y hasta privado de su propia fortuna personal.

Los espejos que tiene para mirarse son desalentadores. Los de Cristóbal López y Fabián de Sousa son los más recientes. Pero si se observa en los ejemplos de Lázaro Báez y Cristina Fernández tampoco se sentirá tan extraño.

Sin embargo hay un ejemplo que lo inquieta todavía más: es el de Juan Pablo Pata Medina. La pista se la dio una de sus archienemigas, la diputada nacional Graciela Ocaña, en una nota exclusiva concedida a los periodistas de 4 Días, el programa político del prime time de la señal A 24. Ocaña denunció: "He escuchado a muchos pequeños empresarios que son sometidos a este régimen de extorsión por parte del sindicato de Camioneros. Someten a empresas, las ahogan, haciendo que muchas no puedan seguir trabajando. Y lo hacen con complicidad de empresas grandes. Le tienen miedo a Moyano, como muchos en la Argentina. Es un modelo similar al del Pata Medina".

Al día siguiente de las declaraciones de Ocaña, Daniel Llermanos, letrado de Hugo Moyano, se volvió a poner el traje de abogado defensor de Gustavo Vera, el ex amigo del Papa Francisco, para ampliar la denuncia contra Ocaña por enriquecimiento ilícito. Pero la denuncia contra Ocaña por enriquecimiento no tiene ni pies ni cabeza. Es más o menos como la que le iniciaron, en su momento, a Margarita Stolbizer. O a Carrió.

Y la ampliación de esa denuncia contra Ocaña parece otro chiste. Le quieren tirar por la cabeza un inmueble en Mar de las Pampas que era del actual marido y que éste le había donado sus hijos hace tiempo.

Llermanos que renunció en 1997 a su cargo como juez penal de Lomas de Zamora poco antes de las acusaciones de empresarios de haberles pedido dinero para evitar procedimientos en sus fábricas también asesora a Moyano en una megadenuncia estrambótica. Allí intentó meter a decenas de personas en una misma bolsa. Entre otros, Carrió, Ocaña, Alfredo Leuco, Gustavo Grabia, la ministra Patricia Bulrich, Alejandro Fantino y quien esto escribe. Como si fuéramos parte de una misma organización destinada a manchar el prestigio y la trayectoria de Moyano. Llermanos no debe leer los diarios, sino ya debería saber que, de todos los cargos por los que me acusa, ya fui sobreseído y sus argumentos desestimados, por delirantes y mentirosos.

Pero esta nueva megadenuncia, que recayó en el juez Ariel Lijo y el fiscal Ramiro González, es tan inconsistente como mal escrita está. Y los errores de ortografía dan vergüenza ajena. La palabra decisión redactada con dos eses es solo la que más ruido me hizo cuando la leí. Pero no es la única. O Llermanos está siendo demasiado presionado por Moyano y no alcanza a satisfacer sus demandas y el líder Camionero lo usa de fronting, igual que Cristina utilizó a Gregorio Dalbón y Cristóbal López a Aníbal Fernández.

Por lo pronto, su línea defensiva argumental es tan berreta que asusta: Llermanos dice que al presidente de Independiente se lo estigmatiza porque es negro y es feo. Moyano me empezó a atacar cuando detectamos y pusimos en el aire la cantidad, el destino y el precio de cientos de vuelos privados y en aviones de línea que hizo solo, junto a su hijo Pablo Moyano y acompañado por dirigentes de fútbol y de la Federación de Camioneros, y presuntamente pagados con fondos del sindicato. Pero se puso peor todavía cuando escuchó el audio de una charla entre la dueña de una pequeña empresa de transporte de Pontevedra, Nancy Pastorino y dos dirigentes de Camioneros, quienes ahora están imputados por presunta extorsión y que responden a la conducción nacional del gremio. Es que ese audio está produciendo una avalancha imposible de detener. Una avalancha de centenares de transportistas que ahora se animan a denunciar aprietes y extorsiones.

El esquema es sencillo y se considera uno de los mecanismos de recaudación más escandaloso con que cuenta Moyano. En su momento, la Federación obtuvo la potestad de manejar un certificado de libre deuda con el objeto de autorizar a las pequeñas y medianas transportistas a trabajar para las grandes empresas que necesitan llevar y traer mercaderías o cargas de granos. La obtuvo gracias a convenios firmados con dos organizaciones: La Federación Argentina de Entidades y Empresas de Autotransporte de Carga (FADEAAC) y la que nuclea a camiones con cargas de granos (CATAC). Este acuerdo, que es inconstitucional y que delega el poder de policía que debería ejercer el Ministerio de Trabajo en Moyano y sus muchachos, tendría que estar caído hace ya mucho tiempo. De hecho, un abogado de una de las más grandes firmas de transporte es, a su vez, asesor del propio sindicato, y está siendo investigado por el equipo de asesores de la diputada Carrió.

En los audios en que Pastorino les pide a los muchachos de Moyano que la dejen de apretar, está claro que el poder de policía del sindicato se ejerce de manera muy heterodoxa. Porque en cuanto la mujer advirtió que no les pagaría la supuesta deuda que imputan por no cumplir con el convenio laboral de choferes, un dirigente la aprieta: "entonces, si no venís a arreglar al quinto piso..." de la sede central "...no vas a poder trabajar más".

El escandaloso audio hizo que muchos recordaran otro caso parecido. El de Juan Carlos González, dueño de la transportista denominada El Narigón, oriundo de Urdampilleta, quien en 2017 denunció a los sindicalistas de Moyano de pedirle más de un millón de pesos, a cambio de expedirle el famoso libre deuda. González no solo los denunció, sino que reveló que fue el abogado de Furlgong, la gran empresa para la que prestaba servicio, quien terminó negociando con los gremialistas para que les pagara "solo 300 mil pesos". El abogado de Furlong no es otro que Lucio Zamborain, el asesor legal de FADEEAC, a quien
Carrió vincula con Moyano.

El contraataque desesperado de Moyano contra quienes informamos sobre las causas que lo involucran parece inútil. El viernes pasado, en horas de la noche, fue allanado el sindicato de Camioneros de San Miguel por supuestos pedidos de coimas en el oeste del truchos, ofrecían a los empresarios obtener el certificado de l ibre deuda a cambio de dinero no registrado. Más o menos lo mismo que se cansó de hacer el Pata Medina, hasta que cayó preso.

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