(Columna publicada en Diario El Cronista Comercial) En el gobierno están cada vez más preocupados por el impacto judicial, político y social, de la causa denominada los cuadernos de la corrupción. De otra manera no se explica cómo el miércoles pasado, el mismo día en que se frustró la sesión para discutir si se autorizaba o no el allanamiento a los domicilios particulares de Cristina en Recoleta, Río Gallegos y Calafate, se hayan llevado a cabo dos reuniones secretas, relevantes y en domicilios particulares. Dos reuniones que tuvieron lugar en el departamento de Fabián Pepín Rodríguez Simón en uno de los barrios más elegantes de la ciudad. En un momento del día, antes de la sesión, pasó por allí nada más y nada menos que Migue Angel Pichetto, el hombre que tiene la llave de la protección política de Cristina Fernández. Y unas pocas horas después, lo fue a visitar alguien más importante todavía: el propio Mauricio Macri.

Por supuesto, al Presidente y a Cambiemos le conviene una Cristina herida pero no presa ni inhabilitada para ejercer la función pública. Y más allá de las cuentas objetivas en el Senado, la mesa judicial de Macri teme que la dinámica política se termine imponiendo por sobre las lealtades. El propio Pichetto, el miércoles pasado, en el recinto, emitió una señal de alerta.

Al sentarse en su banca y declarar que él estaba de acuerdo con autorizar los allanamientos, siempre que no incluyan las oficinas de la expresidenta en el Senado, sugirió que tarde o temprano, podría cambiar de opinión sobre el desafuero de Cristina Fernández. Y aunque muy cerca de Pichetto argumentan que dejó en libertad de acción a los 24 integrantes de su bloque para evitar que se rompa, la mayoría de los senadores peronistas están pensando en qué posición tomar.

A uno de ellos lo escracharon en el aeropuerto de su provincia, cuando estaba regresando desde Buenos Aires. Y muchos otros esperan que no les suceda lo mismo en algún restaurant o cualquier otro lugar propio de su "territorio". Esta semana, el periodista de La Nación, Claudio Jacquelin, explicó que los senadores son los que menos expuestos están desde el punto de vista político. Sus candidaturas son decididas por los gobernadores, e incluso, los senadores ya electos, pueden darse vuelta a mitad de camino, porque sus mandatos duran más que una gestión administrativa. Pero en este momento tan particular, nadie desestima la enorme presión que puede llegar a ejercer la opinión pública. "Si Pichetto pretende ser candidato a presidente, va a tener que votar a favor del desafuero de Cristina, y olvidarse de la doctrina que lleva su nombre, que sostiene que se necesita una condena firme para desaforar a cualquier senador", me dijo un dirigente peronista con aspiraciones presidenciales.

El Presidente ¿de verdad quiere a Cristina presa la necesita débil pero habilitada, y alimentando la fragmentación de la oposición? Quienes conocen a Macri sostienen que el Presidente no le importa quién sea su principal adversario electoral. Supone que si, por la propia dinámica de la realidad, Cristina se ve impedida de ser candidata, la mancha de aceite de la sospecha de la corrupción, llegará a cualquier candidato peronista, porque "los argentinos ya entendieron que todos estaban en la joda".

Todo significa: no solo el Poder Ejecutivo Nacional, sino los gobernadores de la mayoría de las provincias y los intendentes de la mayoría de los municipios. Por supuesto, sostienen los que están muy cerca del presidente que "Mauricio sigue casi más preocupado por le economía que por la próxima elección".

Sin embargo, más allá de lo que dicen, las instancias administrativas del Poder Ejecutivo trabajan para intentar desarmar todo "el mecanismo". La Unidad de Información Financiera (UIF) ahora trabaja a destajo para seguir las distintas rutas del dinero negro que sacaron al exterior. La Oficina Anticorrupción se propone cruzar y aportar información en todas las causas que puedan tener conexión con confesiones y las denuncias derivadas del expediente de los cuadernos de la corrupción K. El Ministerio de Seguridad ofreció recompensa para quienes puedan aportar información útil alrededor del nuevo tsunami judicial. Y la Coalición Cívica de Elisa Carrió ya instruyó a sus dirigentes para movilizar a la opinión pública a favor de la abolición de los fueros y la llamada ley de extinción de dominio.

Mientras tanto, y a falta de una solución inmediata para la tormenta "de frente", el equipo de comunicación del gobierno sugiere relacionar a la corrupción con el desastre económico que dejó el gobierno de Cristina. El Presidente declaró este fin de semana: "entendemos un poco más este déficit cuando vemos cuánta plata se han robado". Sus ministros insisten en vincular los delitos con la recesión. Y no las parece una mala ecuación: ellos suponen que así matan a tres pájaros de un tiro: a Cristina, al peronismo no K, y a la hipótesis de que solo Macri y esta administración son los grandes responsables de semejante desbarajuste económico y social.

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