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(Exclusivo Hipercrítico) El intento del ensuciar al fiscal Carlos Stornelli parece un manotazo de ahogado de Cristina Fernández para tratar de desmoronar la investigación de los Cuadernos de la Corrupción y poner en cuestión a todo el sistema judicial argentino. Sus operadores lo están haciendo mal y a las apuradas, y por eso mismo se le notan los hilos de la maniobra. La urgencia se comprende: dentro de muy pocos días, el próximo martes 26 de febrero, la expresidenta aparecerá en la peor foto de toda su vida: en el banquillo de los acusados, en la primera jornada del juicio oral y público por las obras de Vialidad, y junto a los argentinos más desprestigiados del país, como Lázaro Báez, Julio De Vido, José López y el primo del expresidente, Santiago Carlos Kirchner.

La sesión debería empezar a las 12 del mediodía. Y durante por lo menos tres horas Ella debería permanecer en el peor de los mundos: callada, sin posibilidad de discutir o refutar, sometida a la interpretación de los jueces. Parece muy difícil dar vuelta y transformar en una ventaja electoral la potencia de semejante imagen negativa. En el Círculo Rojo del Instituto Patria analizan la posibilidad de impulsar un acto político en las afueras de Comodoro Py, parecido al que montaron cuando el juez Claudio Bonadío la citó por primera vez, en el marco de la causa denominada dólar futuro. Pero dudan. Porque, más allá de ser contraproducente para el objetivo de captar votos por fuera del núcleo duro, todo podría ponerse demasiado violento, y transformar la manifestación en algo incontrolable.

Los abogados de la exjefa de Estado lo intentaron casi todo. Desde postergar el inicio del juicio, evitar su comparecencia hasta trasladar el expediente a la justicia de la provincia de Santa Cruz, donde tendría su sobreseimiento asegurado. Pero los últimos días estuvieron repletos de malas noticias. Tan malas, que ni siquiera sus abogados pueden discernir cuál sería la más perjudicial. La última declaración de Carolina Pochetti, viuda del exsecretario privado y valijero de Néstor, Daniel Muñoz, es devastadora para la defensa de Cristina. Sin embargo, la larguísima confesión de su ex contador, Víctor Manzanares, es peor. Por lo que parece, terminaría de dar por tierra la idea de que no sabía lo que su marido hacía. Y pondría a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner como piezas del entramado destinado a entorpecer la acción de la justicia y evitar el embargo de sus bienes. Más allá de las encuestas, y del acompañamiento de su núcleo duro de cerca del 30 por ciento, la causa de Vialidad es suficientemente grave como para erosionar su imagen de dirigente comprometida y honesta. La acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques es de una precisión técnica incontrastable. Afirma que Cristina continuó la maniobra de Néstor de privilegiar el otorgamiento de los contratos de obra pública a la empresa Austral, de Lázaro Báez. Que los enormes sobreprecios no tienen ninguna justificación. Que los privilegios para cobrar los certificados de obra tampoco. Y que un altísimo porcentaje de los trabajos fueron pagados pero no terminados, o terminados de mala manera. Agrega la acusación una detallada explicación del mecanismo de lavado que se utilizó para que Lázaro le devolviera parte del dinero mal habido a la familia Kirchner. Y citan las fechas, los movimientos, las empresas y los montos. La defensa de Cristina Fernández tiene un problema básico: su argumento de que Lázaro no fue el único ni el más beneficiado se cae a pedazos. Primero, porque está probado que Báez no era empresario de la construcción, sino un busca que se ganó la confianza de Kirchner al conseguir la lista de deudores del Banco de Santa Cruz. Después porque las grandes constructoras a las que también les cedieron obras a su vez están señaladas como pagadoras de coimas en otras causas paralelas, como los Cuadernos de la Corrupción.

La hipótesis de la ex presidente que señala que no estaba al tanto tampoco se sostiene por ningún lado. El testimonio de José López, uno de los que estará a su lado el 26 de febrero en la causa que tramitan Claudio Bondío y los fiscales Stornelli y Carlos Rívolo es suficientemente gráfico. “¿Vás a ser parte del problema o se la solución?” dice López que le preguntó Cristina, después de pedirle que le diera detalles de todo el circuito del dinero de la corrupción, con el cuaderno Arte de Néstor Kirchner en la mano.

A la información publicada por Horacio Verbitsky, escritor fantasma de los discursos del brigradier Omar Grafigna durante la dictadura y ex secretario de Inteligencia de la organización Montoneros, le faltan pruebas que conecten a Stornelli con el pedido de coimas de Marcelo D´Alessio al empresario agropecuario Pedro Etchebest. “El supuesto pedido de coimas de Stornelli a un empresario a través de su amigo D´Alessio para no imputarlo en los cuadernos Centeno es igual a las acusaciones contra Cristina. Se trata de la palabra de uno contra la palabra de otro” le escucharon decir a uno de los comandantes de la Cámpora. Pero no es cierto. No tiene ningún punto de comparación. Porque cada dato que escribió Centeno fue corroborado después por los investigadores judiciales. Y ratificado y convalidado por decenas de empresarios y exfuncionarios que admitieron el pago y el cobro de coimas. Incluídos los bolsos con dinero que llegaron hasta la casa de gobierno, la quinta de Olivos y los departamentos de Néstor y Cristina.

En las últimas horas quedó claro que el impulsor de la operación contra Stornelli fue el comandante valijero Roberto Baratta y que su operador político es el exembajador en el Vaticano Eduardo Valdés. Baratta es Julio De Vido, la persona que más odia el ex ministro de Planificación, porque lo metió en prisión. Y Valdés es Cristina, igual que Verbitsky. En las próximas horas habrá más informaciones para éste boletín. Porque las acusaciones contra el juez Luis Rodríguez, a quien Pochetti mencionó como el receptor de una coima de 10 millones de dólares a cambio de no investigar a su marido ahora fallecido, Daniel Muñoz, se van a multiplicar por más de dos. Manzanares habría ratificado la denuncia contra Rodríguez en su larga confesión ante Stornelli. Y lo mismo habrían hecho dos testaferros del ex secretario privado de Néstor Kirchner, en la causa de los cuadernos. Se trata de situaciones que no hacen más que subir el agua hasta el cuello de la ex presidenta. Por eso sigue tirando, a través de sus subalternos, manotazos de ahogada.

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