(Columna publicada en diario La Nación) La estrategia de demolición de periodistas tiene una potencia inusitada y recursos abundantes. La desproporción de fuerzas es abrumadora. De un lado, una sola persona. Del otro, un "grupo de tareas" integrado por una enorme cantidad de individuos y organizaciones diversas. Desde la líder del partido oficialista y vicepresidenta de la Nación , en la primera línea de fuego, hasta lúmpenes que cobran de un Estado municipal por escrachar de manera virtual y física al periodista elegido como blanco de turno.

Entre la vicepresidenta y el lumpen hay una "artillería", lista para "disparar", con un "arsenal" a disposición y "francotiradores" prestos, compuesta por una señal de noticias produciendo programas especiales que atacan de manera brutal y directa al periodista en cuestión; un sinuoso colega de otra señal que se suma a la embestida; un par de programas de TV abierta cuyos empleados cumplen órdenes porque tienen miedo de perder el trabajo; gente vinculada a corruptos confesos como Ernesto Clarens que deja mensajes intimidatorios en el teléfono personal del profesional; un diputado nacional que amenaza desde su cuenta de Twitter; senadores y abogados que acusan falsamente al periodista de delitos que no existen.

Y todo eso sin contar las cuentas reales y truchas en redes sociales y los miles de portales, web y medios digitales que actúan de manera coordinada, 24 horas seguidas. Cuentas cuyos titulares hacen alusiones mentirosas a cuestiones íntimas y personales, mezclándolas con una batería de difamaciones desopilantes. La pregunta que deberían hacerse los dueños de la máquina de destruir periodistas es la siguiente: si son tantos, tienen tanto poder, tantos medios a disposición y tanto dinero para consumar la destrucción, ¿por qué están perdiendo la contienda que ellos mismos impulsaron? Primero: porque mienten de manera flagrante, descarada y disparatada, y se nota. Hasta un niño lo nota. Y segundo: quieren sacar al periodista de la cancha porque suponen que así también se caerán las causas por corrupción de los vengadores. Y eso también se nota. Demasiado.

En este caso, las causas son las de corrupción de Cristina Fernández, las de evasión fraudulenta de Cristóbal López y las de lavado y fraude que tienen abiertas Hugo y Pablo Moyano, entre otros. Y si mienten de manera descarada, ¿por qué habría que salir a responder? ¿No sería mejor ignorarlos? No cuando despliegan semejante fuerza. Siempre hay una audiencia que no sigue en detalle todos los temas y no cuenta con suficiente información. Una parte del público que puede llegar a creer, de buena fe, cualquier disparate, como el de un abogado que dice que exagentes de la AFI trabajaban de productores o editores de un programa de TV.

Se debe responder, con demandas judiciales, porque cuando las mentiras incluyen la imputación de delitos falsos, los denunciantes deben comparecer ante los magistrados. Y se debe contestar porque es, también, una manera efectiva de desarmar la operación. Así no podrán repetir, de manera exitosa, la embestida contra cada uno de los otros periodistas a los que pensaban ensuciar. En síntesis: es usar a nuestro favor la enorme energía que gastaron, para desenmascararlos de una buena vez. De hecho, ahora mismo, una parte del grupo de tareas que encabezó la maniobra de demolición parece estar en retirada.

Es interesante comprender cómo arranca todo: es la vicepresidenta la que muestra la bandera de largada. La señal son los videos cuya estética le atribuyen al ministro de Cultura, Tristán Bauer. Allí es donde Cristina muestra a los periodistas que, casi de manera automática, se transforman en objetivos a despedazar. Acto seguido, con horas y días de diferencia, se activan las acciones más arriba mencionadas. La hoja de ruta del ataque la suele mostrar, con detalles, pistas y trucos, el mayordomo político de la vicepresidenta, Oscar Parrilli. Hace pocas horas, Parrilli confirmó que Cristina maneja una suerte de lista negra de periodistas a los que iban a considerar "espías inorgánicos" del gobierno de Macri. Para no detenernos en toda la lista, basta mencionar solamente a dos. ¿Alguien podría confundir a Jorge Lanata o a Nicolás Wiñazki con algún espía inorgánico de cualquier servicio de inteligencia de cualquier gobierno de la Argentina? En la enormidad de sus construcciones delirantes también se puede detectar el nivel de desesperación con que se manejan. Dicen y hacen cualquier cosa. Y eso también es una muestra de su doble debilidad: judicial y política.

Pero la máquina de destruir periodistas no es flamante ni novedosa. Solo tiene más recursos y más experiencia en su ejecución. Hay un ejemplo que puede servir para comprender de qué estamos hablando. A Joaquín Morales Solá, en su momento, también lo eligieron como blanco móvil. Y el motivo también fue muy evidente. El reportaje de nuestro colega a Isidoro Graiver, hermano de David Graiver, en el que reconoció que la decisión de vender Papel Prensa había sido exclusiva de la familia. Fue a principios de octubre de 2010. El gran pecado de Morales Solá, una vez más, fue haber realizado las preguntas correctas en el momento justo. Porque terminaron desbaratando un costoso y enorme plan del gobierno para vincular la compra de Papel Prensa con los crímenes de la dictadura.

Era una de las patas del plan para destruir a los medios críticos, junto con la ley de medios. Cristina pronto direccionó su furia hacia Morales Solá. Entonces su variopinto grupo de tareas empezó a trabajar a destajo. Así, Joaquín debió soportar, y lo hizo con estoicismo, una campaña de demolición devastadora. La campaña incluyó noticias falsas sobre su persona -con fotos e imágenes adulteradas para provocar la idea de que estaba de acuerdo con los operativos de la dictadura en Tucumán, cuando en realidad estaba junto a un reportero gráfico cubriendo un hecho noticioso-, escraches y agresiones en la vía pública que llegaron al borde de lo físico, el simulacro de un pelotón de fusilamiento para él y otros colegas, como Magdalena Ruiz Guiñazú, y el ataque sistemático del programa de propaganda 678 , entre otros.

Tres años después, ante la OEA, el gobierno argentino tuvo que comparecer y comprometerse a cesar en los ataques. Fue en Washington. Joaquín y Magdalena denunciaron los ataques que sufrieron ambos ante la Relatoría Especial de Libertad de Expresión. Junto con Pepe Eliaschev, Alfredo Leuco, Nelson Castro y otros colegas expusimos los casos, como otras víctimas de la intolerancia del Estado. Ante la perspectiva de que la comisión visitara el país, la máquina de demoler se detuvo de inmediato.

Hoy, una década después, el mismo Morales Solá acaba de plantear otro gran problema alrededor de la estrategia de demolición. Se trata del silencio del Presidente, quien, hasta el cierre de esta columna, no había dicho una sola palabra sobre el asunto. Nadie ignora, por supuesto, que el jefe del Estado tiene como prioridades asuntos urgentes como la lucha contra el Covid-19 y el cierre de las negociaciones con los acreedores privados externos. Pero si, aun en medio de la pandemia, se hizo tiempo para dar retuit a descalificaciones como las que le hicieron al periodista Jonatan Viale, seguramente no va a tener inconveniente en tomarse unos minutos para desarmar este clima enrarecido con un mensaje de moderación.

No se trata de un periodista. Se trata de algo más grande y delicado: la libertad de expresión como pilar imprescindible de una República democrática.

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